La Operación Puerto ha terminado su primera y larguísima etapa (casi siete años), que finaliza con la sentencia emitida. Una vez pasado el tiempo designado para que las partes implicadas en el juicio puedan presentar recurso (Fiscalía, Consejo Superior de Deportes, AMA, Agencia Española Antidopaje, UCI, Federación Española de Ciclismo) -y ya lo han hecho- comienza la segunda etapa. Será también muy larga. El final puede demorarse unos cuatro años más. El asunto irá diluyéndose y olvidándose con el transcurso del tiempo.
La sentencia no me ha sorprendido.No era un juicio por dopaje. Fue un juicio por un delito contra la salud pública. Un juicio que se pretendió fuera "al dopaje", utilizando la vía de la mala práctica médica. De ahí la sentencia dictada.
Fue un juicio mediático, alargado de forma innecesaria. Todo motivado para intentar mejorar la mala imagen que España tiene en la lucha contra el dopaje. Y solo con un fin: conseguir la nominación de Madrid para albergar los Juegos Olímpicos del 2020. Por eso también las prisas por aprobar la nueva "Ley de Protección de la Salud y la Lucha contra el Dopaje".
Los recursos presentados son principalmente por el dictamen de destruir las más de doscientas bolsas de sangre de deportistas, que son pruebas de prácticas dopantes y evidentemente pertenecen a deportistas. Pero no se ha juzgado un caso de dopaje, por lo tanto ya veremos que sucede dentro de unos años.
Se dice que la sentencia daña gravemente la imagen de España y que perjudica su credibilidad en la lucha contra el dopaje. En definitiva que España es un país tolerante con el dopaje.
Creo que sí. No tanto la sociedad española en general como los creadores de opinión (medios de comunicación, con honrosas excepciones) y diversas instituciones políticas. Como sino puede explicarse que exciclistas y directores de equipo implicados en recientes y sonados casos de dopaje sean los comentaristas en diversos medios (radio, televisión y prensa escrita); sean los encargados por instituciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, etc) de difundir la práctica ciclista como deporte entre los niños; sean los encargados de otorgar los trofeos en competiciones de aficionados, categorías inferiores o de escuelas de ciclismo; o sean los organizadores de marchas ciclistas con su nombre que son respaldadas mayoritariamente por los aficionados cuando deberían ser considerados como "personas non gratas" para el deporte. ¿Cómo es posible que ocurra esto en una sociedad que debe rechazar la trampa y el delito que supone el dopaje? ¿Es que no hay exciclistas que desarrollaran su carrera deportiva bajo los principios de la ética deportiva? ¿Qué valores pueden transmitir?
En fin, sigue la duda para todo el deporte español. Pero todavía quedan oportunidades para demostrar que se quiere luchar contra esta lacra del dopaje. La Operación Puerto fue una batalla perdida, una batalla importante con gran repercusión por implicar a famosos deportistas de varios países. Quedan dos operaciones pendientes: la Operación Galgo que implica presuntamente a Marta Domínguez, a quién la IAAF abrió expediente por alteraciones en el pasaporte biológico (otro caso muy mediático por su significación como deportista y senadora), y la Operación Skype ( un médico fue detenido y un ATS implicado se suicidó).
Veremos lo que ocurre con los recursos presentados y su dinámica mediática. Veremos lo que ocurre con las dos operaciones pendientes.
Dixi
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